Publicidad de los actos de gobierno
Que los actos de gobierno sean conocidos por el pueblo es una garantía de la forma democrática y republicana de gobierno. Asegura transparencia y posibilidad de control, y termina con la omnipotencia de las autoridades públicas, que son mandatarios del pueblo soberano, que tiene el derecho de saber qué están haciendo sus gobernantes.
Es un derecho constitucional implícito en el artículo 33 de nuestra Carta Magna, y expresamente consagrada por Tratados Internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El artículo 36 de la CN argentina tras la reforma de 1994, ordena al Congreso la sanción de una Ley de Ética Pública, lo que sucedió el 29 de septiembre de 1999. Esta ley exige transparencia y el dictado de resoluciones fundadas, sin poder restringir información. Existió un proyecto de ley complementario y más preciso sobre este tema en concreto que recibió en el Senado media sanción en el año 2004, pero no se trató en la Cámara de Diputados. En el año 2003, se dictó el decreto 1172 que permite a toda persona física o jurídica sean públicas o privadas obtener información sobre los actos de gobierno, en forma gratuita y sin asistencia de letrado. En el año 2006 se dictó la ley 26.134, que fue promulgada por decreto, que no permite que ninguna ley sea secreta, debiendo todas publicarse en el Boletín Oficial. Con respecto a las acciones de las Fuerzas armadas durante el período de represión ilegal (1976-1983) en el año 2010 por decreto número 4 les privó a esos actos el carácter de secretos, lo que se había impuesto por razones de supuesta seguridad. En el año 2012 se dictó el Decreto 2103 para dar publicidad a todas las actuaciones del Poder Ejecutivo y de la Jefatura de Gabinete.
Existen para esta materia, algunas excepciones, como por ejemplo, los secretos militares o las actividades de inteligencia, que se hagan para seguridad de la nación.
