El nombre no es solo un derecho de las personas sino una obligación, y por eso debe ser inmutable, ya que si por ejemplo, una persona cometiera un hecho ilícito y cambiara su nombre, sería difícil dar con su paradero. Solo se permite el cambio de nombre, con intervención del funcionario correspondiente (el juez competente, que es el del domicilio del interesado o donde se hizo la inscripción) y dando a publicidad para el conocimiento de terceros, en supuestos de gravedad. En países como Francia, Alemania, suiza, Bélgica, Italia y Rumania, la competencia para el cambio de nombre es de índole administrativa.

Como casos graves, descartados los motivos de gusto personal o sentimientos, pueden mencionarse aquellos que ponen a la persona en situaciones de constante ridículo, como el de quien llamándose Sansón tenía una figura menuda, que fue autorizado a llamarse Santiago, o afectan sus sentimientos religiosos, como el caso de Ateo que fue reemplazado por Atilio. Otros casos admitidos son aquellos en que su pronunciación es imposible por la gran cantidad de consonantes seguidas, sin mediación de vocales.

Cuando el padre ha cometido delitos graves e infamantes, como en el caso de un violador, se ha permitido a los hijos cambiar el apellido paterno, para no verse afectados de por vida con esa “marca” familiar.

Los extranjeros al solicitar la nacionalidad argentina, pueden pedir la rectificación de su nombre, si su pronunciación fuera demasiado complicada.

Un caso planteado en Chile, transformó un fallo en histórico, al permitir a un transexual cambiar su nombre de mujer por el de varón con el que se identificaba.