Ley de punto final

Fue una ley aprobada por el Congreso de la Nación argentina el 23 de diciembre de 1986, bajo el número 23.492, que impuso a través de sus siete artículos, una fecha límite para iniciar acciones judiciales contra los militares acusados de participar en los actos de terrorismo de estado que impuso la dictadura que gobernó el país entre 1976 y 1983.

Una vez reasumido el gobierno democrático en ese último año, por el Doctor Raúl Alfonsín, se abrió una amplia tarea investigativa que trató de poner luz a los hechos sangrientos que aún permanecían negados por los ex gobernantes militares. Muchas personas tenían la calidad de “desaparecidos” cuando en realidad habían sido víctimas de crímenes brutales, condenas que les habían sido impuestas en secreto y sin juicio previo. Muchos bebés fueron arrebatados de sus madres condenadas sin proceso, y entregados a familias sustitutas, negándoles su identidad. La CONADEP, organismo creado en 1983, realizó una amplia investigación que se concretó en el “Nunca Más” libro que rebela los terribles hechos cometidos desde el propio poder. Esto permitió llevar a juicio a los militares, pero la presión militar era grande sobre el nuevo gobierno democrático, que cediendo, dictó esta Ley de Punto Final. Por ella se limitó la presentación de nuevas demandas a un plazo de sesenta días. Si los denunciados no fueran citados para tomárseles declaración indagatoria en sesenta días corridos ya no podían ser sometidos a futuros procesos.

Los fundamentos de la ley era tratar de poner un manto de olvido hacia el pasado y reconstruir el país hacia el futuro, olvidándose de viejos rencores. Sin embargo el país aún sangraba, y había madres que lloraban por sus hijos y abuelas que reclamaban a sus nietos, y no querían, ni podían olvidar. Eran abuelas y madres de Plaza de Mayo que «armadas» con sus pañuelos blandos exigían pacíficamente justicia. Esta ley no contemplaba la sustracción de menores, ni los casos de sustitución de estado civil.

Sin embargo, a pesar del límite temporal, las presentaciones de demandas fueron masivas dentro del plazo legal, procesándose a 300 oficiales. La tensión con los militares que exigían la amnistía continuó con nuevas exigencias, que desembocaron en la sanción de otra ley, la de «Obediencia Debida”, luego vendrían los indultos del gobierno de Menem, hasta que la lucha contra la impunidad comenzó a imponerse en la búsqueda de la verdad y la justicia. A partir de 2001 las leyes de impunidad fueron declaradas inconstitucionales anulándolas el Congreso en el año 2003, posibilitando juzgar a los militares asesinos.

Esta ley coincidió con la Ley de Amnistía dictada en Uruguay, llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado La Ley de Amnistía de Uruguay aún sigue vigente y fue respaldada por un referéndum en 1989, aunque jurisprudencialmente se han excluido ciertos casos de la aplicación de la ley.