Derecho a la identidad
La identidad de una persona es el conocimiento de su origen, de saber quienes fueron sus padres, su país o ciudad de nacimiento, y el marco familiar que conformó su entorno al venir al mundo.
Muchas personas son desarraigadas de su vínculo biológico por distintas razones: Por ser abandonados por sus propios progenitores de sangre, porque éstos no pudieron hacerse cargo de ellos por motivos económicos o de salud, o porque fueron separados los hijos de sus padres dolosa e inconsultamente, al ser raptados para diversos fines (apropiárselos y criarlos como propios por una paternidad mal entendida, o venderlos como si se tratase de una mercancía).
La identidad como derecho fue reconocida en 1989 al incorporarse a la Convención de los Derechos del Niño. Por ella, el Estado está obligado a respetar el derecho del niño a la preservación de su identidad, que incluye el nombre, la nacionalidad y sus relaciones de familia, conforme a la ley, prescindiendo de injerencias ilegales. Este derecho a la identidad según el Pacto de San José de Costa Rica no se suspende ni siquiera ante graves emergencias como guerras o peligros públicos.
En Argentina, durante la sangrienta dictadura militar que sufrió el país entre los años 1976 y 1983, hubo gran cantidad de apropiaciones ilegítimas de niños que pertenecían a padres involucrados en la subversión, que fueron cruelmente asesinados. Sus hijos fueron dados a familias que los inscribieron como propios, negando por lo tanto a esas criaturas su derecho a la identidad.
En 1987 se aprobó en Argentina, la ley 23.511 que creó el Banco Nacional de Datos Genéticos, a propuesta de las Abuelas de Plaza de Mayo, buscadoras incesantes de niños con identidad cambiada, y que pretenden recuperar para sus familias de origen.
La idea del Banco de Datos es conservar muestras de sangre de familiares de estos niños, ya ahora hombres, al efecto de que pueda indagarse el origen genético, a pesar de que estos familiares, en muchos casos abuelos de edad muy avanzada, ya hubieran fallecido al momento de ser encontrados los niños arrebatados.
Ante la negativa de muchos padres e incluso posibles hijos de “desaparecidos” de la dictadura militar de realizarse el examen genético, las Abuelas de Plaza de Mayo presentaron un proyecto de ley, donde se propone el análisis compulsivo de ADN, para determinar el real origen de las personas sospechadas de ser sus nietos. Elisa Carrió, desde la oposición, tildó al proyecto de “fascista”.
El inciso 2 del artículo 12 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires reconoce expresamente a todas las personas de la provincia el derecho a conocer su identidad de origen.