Derecho a la comunicación
El derecho a la comunicación consiste en tener las garantías legales para poder informarse y obtener conocimientos en condiciones similares al resto de las personas, en una era donde los saberes son muchos, diversos y complejos, y las vías de acceder a ellos son también variadas, y se reciben especialmente a través de la tecnología, a la que no todos tienen posibilidad de acceder. También es la posibilidad de expresar nuestras propias ideas, replicar aquellas que no coinciden con las nuestras, y compartir la información que poseemos, a través de diversos medios: prensa gráfica, televisiva y vía Internet, redes sociales, expresiones literarias y artísticas, etcétera.
Este derecho es fundamental para la vida democrática. El sociólogo alemán Jürgen Habermas, nacido en 1929, expuso la teoría de la importancia de una comunicación fluida, directa y abierta entre quienes gobiernan y quienes son gobernados, para que la democracia sea real, pues solo de ese modo la gran distancia que separa a quienes mandan, del pueblo al que lideran, podría ser acortada. La concentración de la información en monopolios, donde lo que se expresa no es objetivo e imparcial, contribuye a cercenar este derecho.
El Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 13, reconoce el derecho a la libertad de expresión y pensamiento, el que comprende el derecho de ser libre para buscar información, recibirla y difundirla, de cualquier modo, y sin consideración de fronteras geográficas, teniendo como únicos límites, no dañar la reputación, ni otros derechos de otros, preservando el orden, la salud, la moral y la seguridad públicas. En la Constitución Nacional argentina, sería uno de los derechos no enumerados (art.33)
Las nuevas tecnologías han abierto las vías de comunicación masivamente, pero también es una realidad que los recursos económicos para disponer de ellas, no están al alcance de todos, ni tampoco la capacitación para su uso responsable, adecuado y eficaz, especialmente por la gran cantidad de información falsa que circula por las redes, y que es capaz de desinformar más que de informar, a aquellos que no están preparados para discriminar contenidos verificando sus fuentes; y por eso, el Estado, debe posibilitar este derecho, desde el aporte material de los recursos tecnológicos hasta la capacitación de su empleo adecuado, lo que no siempre se hace, especialmente en los países más pobres, agrandando aún más las diferencias sociales, con lo cual no solo este derecho resulta vulnerado sino también el de la posibilidad de la participación democrática, el acceso a la información y la libre expresión, generando aún más diferencias sociales y culturales tanto a nivel nacional como internacional.