La idoneidad como condición de acceso a los cargos públicos
El artículo 16 de la Constitución de la Nación argentina, establece la igualdad ante la ley de todos los habitantes y el único requisito que impone para ocupar un empleo es la idoneidad.
La idoneidad implica que alguien sea capaz y competente para realizar un trabajo o cumplir una función. Esta idoneidad puede estar determinada por leyes que establecen los requisitos técnicos, físicos o éticos que restrinjan a ciertas personas de ocuparlos, por ejemplo, un policía de calle o un guardavidas no podrá tener una dificultad en la marcha.
Además, es importante destacar que la idoneidad no se limita solo a las habilidades técnicas o físicas, sino que también incluye la ética y la integridad moral. En el caso de los cargos públicos, estos aspectos son de vital importancia, ya que los funcionarios públicos tienen la responsabilidad de representar y servir a la sociedad, y por lo tanto, deben demostrar un alto nivel de ética y moralidad.
Todos estamos de acuerdo con que todos los hombres y mujeres debemos gozar de igualdad, pero esto en la práctica es muy difícil, lo mismo que demostrar la idoneidad relativa de una persona con respecto de otra, en relación a un mismo cargo, que muchas veces se decide en forma arbitraria por quien tiene el derecho de seleccionar al empleado. Cuando se trata de un empleo privado, esto es una facultad del empleador, ya que él tiene amplia capacidad de decisión sobre quién ocupará el empleo, pero cosa distinta ocurre con los empleos públicos, que pagamos todos y que muchas veces ocupan amigos o parientes de políticos de turno, violando el derecho de otras personas a acceder a ellos, ya que ni siquiera se abre un concurso de antecedentes y oposición, y en otras, aún presentándose otros candidatos, se evalúan las condiciones de modo subjetivo.
En este sentido, es fundamental que existan mecanismos transparentes y objetivos para la selección de los empleados públicos. Estos mecanismos deben garantizar que todos los candidatos sean evaluados en igualdad de condiciones, y que la decisión final se base en su idoneidad para el cargo, y no en sus conexiones políticas o personales. De esta manera, se puede garantizar que los mejores candidatos, aquellos que son realmente idóneos para el cargo, sean los que ocupen los puestos públicos.
En la práctica lo que observamos es que están ocupados por quienes tienen alguna relación con el poder de turno, que tal vez puedan tener idoneidad, pero si ellos consiguen el empleo en desmedro de la posibilidad que puede tener otro ciudadano más capaz pero sin vinculación política, la igualdad ante la ley resulta un derecho no reconocido. Este es un desafío que debemos enfrentar como sociedad, para garantizar que la idoneidad sea realmente el único requisito para acceder a los cargos públicos.