Responsabilidad de los funcionarios públicos
Son funcionarios públicos aquellos que se desempeñan en cargos electivos dentro del Estado (éstos tienen además de la responsabilidad penal, civil y administrativa responsabilidad política) o cualquier otro empleado que cumpla funciones públicas ya sea de modo gratuito u oneroso, sin importar jerarquía, aunque algunos podrán alegar que cumplieron órdenes superiores si se hallan en una jerarquía donde solo ejecutan órdenes careciendo de capacidad decisoria.
Ciertos funcionarios públicos, con responsabilidad política, en Argentina, pueden ser sometidos a juicio político, como el Presidente, el Vicepresidente, Ministros, Jefe de Gabinete, y miembros de la Corte Suprema de justicia. Los Senadores y Diputados pueden ser sometidos desafuero para luego ser juzgados.
En general, tienen responsabilidad administrativa por incumplimiento de los deberes que le son propios en el cargo que desempeñan, y una responsabilidad penal, ya que ciertos delitos requieren para configurar el tipo penal que el sujeto activo sea un funcionario público como ocurre con el cohecho, el abuso de autoridad, la malversación de caudales públicos (peculado) el prevaricato o las exacciones ilegales.
Con respecto a la responsabilidad civil de los funcionarios públicos, el artículo 1112 del Código Civil argentino les atribuye la misma que la de cualquier otra persona de tener que reparar los daños y perjuicios que ocasionen por sus hechos u omisiones culposas o dolosas, cumpliendo de modo irregular sus funciones.
La responsabilidad de estos funcionarios es personal, y su propio patrimonio se verá afectado, salvo que cumplieran sus funciones de acuerdo a lo normado y a pesar de ello se haya causado el perjuicio, en cuyo caso responderá el Estado.
Para que puedan los funcionarios mencionados entre los que pueden ser sometidos a juicio político o desafuero, ser juzgados ante los tribunales ordinarios se requiere que esos pasos se lleven a cabo previamente.
