Las leyes y las dictaduras militares argentinas
Las leyes son el instrumento más efectivo para que rija un sistema democrático. Surgen de la actividad del Poder Legislativo, que representa al pueblo de la nación (Cámara de Diputados) y al de las provincias (Cámara de Senadores) para luego pasar al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. Las leyes permiten que tanto gobernantes como gobernados encuentren un límite en el ejercicio de su libertad para no menoscabar los derechos ajenos.
Un caso muy especial fue el de la reforma constitucional de 1957, que fue hecha durante el gobierno del dictador Pedro Eugenio Aramburu, por una Convención Constituyente ilegítima, y que incorporó el artículo 14 bis sobre derechos sociales, a la vez que derogó la reforma peronista de 1949, con su contenido de constitucionalismo social. La reforma de 1957 fue anunciada por decreto número 3838 el día 12 de abril de dicho año, convocándose a elecciones para conformar la Convención Constituyente para el 28 de julio, usando el sistema de representación proporcional, sin participación del peronismo. La Convención se reunió en Santa Fe, con 45 días de plazo para realizar las reformas taxativamente indicadas.
En las dictaduras también hay leyes, pues es imposible gobernar prescindiendo de ellas, sin que se produzca anarquía, pero se aplican, y muy estrictamente, a la ciudadanía, quedando las autoridades exentas de cumplirlas, o hacerlo a su antojo. La vigencia de la Constitución queda suspendida durante su mandato, ya que aplican inmediatamente de asumir, el estado de sitio.
Las normas legales en la dictadura, disuelto el Congreso, emanan del Poder Ejecutivo, y reciben el nombre de decretos-leyes. Es una facultad que otorga la propia Constitución Nacional al Poder Ejecutivo en casos especiales cuando hay urgencia de sancionar una norma sin que haya tiempo de debate parlamentario, con la condición de que luego las cámaras la aprueben, pero como en las dictaduras no hay cámaras, no hay debate posterior.
El problema es saber si esas leyes continúan siendo válidas una vez que la democracia reasume en el poder. Hasta la última dictadura militar argentina que gobernó entre 1976 y 1983, la Corte Suprema de Justicia se pronunció a favor de la equivalencia entre las leyes democráticas y las sancionadas en forma de decretos leyes durante las dictaduras. A partir de 1983, el criterio cambió, exigiendo que los actos del gobierno dictatorial sean ratificados o rechazados por los gobiernos constitucionales que le suceden. Así ocurrió, por ejemplo, con la ley 22.924 por la cual los mismos dictadores excluían su responsabilidad por los crímenes aberrantes que habían cometido entre 1973 y 1982, que fue derogada por inconstitucional el 22 de diciembre de 1983. Sin embargo, por razones de seguridad jurídica fueron reconocidos derechos subjetivos en la década de 1990, amparados en normas de facto no derogadas. Con la reforma constitucional de 1994, las normas del gobierno de facto son absolutamente nulas.
Actualmente en la Argentina, rigen todavía 417 leyes de la última dictadura militar de un total de 4.449, entre ellas la del Régimen Penal de Menores, la de Entidades Financieras y la del Personal de Policía.
