Principio de legalidad

El principio de legalidad es una consecuencia del principio más general de seguridad jurídica, por el cual toda decisión estatal debe basarse en las leyes y no en la voluntad arbitraria de los funcionarios gubernamentales. Es un principio fundamental en los estados democráticos basado a su vez en la división de poderes, siendo la sanción de leyes facultad del Poder Legislativo.

Este principio rige en materia penal, concretado en el aforismo, no hay crimen ni pena sin ley que previamente lo haya contemplado como tal. En la Constitución de la Nación Argentina este principio está consagrado en el artículo 18 que reza que nadie puede penado sin existir un juicio previo que se funde en una ley anterior al hecho que motivó el proceso. El artículo 16 de la Constitución mexicana, nos dice que los allanamientos deben ser hecho por mandamiento judicial fundado en ley, y que la orden de aprehensión solo procede cuando la ley señale el hecho como delito. El artículo 17 de la Constitución española establece que a nadie se le privará de su libertad sino en virtud de la ley, mientras el artículo 25 inciso 1 dispone que ninguna persona será sancionada o condenada por sus acciones u omisiones si no eran delito, falta o infracción a la administración pública, según las leyes vigentes al momento del hecho u omisión.

En materia tributaria, el hecho imponible, los sujetos pasivos de la obligación, las exenciones y las sanciones deberán estar definidas por ley, de acuerdo a la máxima “nullum tributum sine legem” equivalente al “nullum crimen nulla poena sine lege”.