El alquiler de vientres en la legislación argentina
En Argentina (como en el resto del mundo) una de cada seis mujeres tiene problemas para convertirse en madre de modo natural. Una opción es el alquiler de vientres, cuando la madre por alguna razón no puede alojar al embrión dentro de sí (por no tener útero o no estar en condiciones, por ejemplo). Este es un procedimiento en que primero el óvulo es fecundado “in vitro” y luego es colocado no en el útero de la madre biológica, que tiene alguna imposibilidad para alojarlo, sino en el de una madre sustituta, que aceptó el servicio, en forma gratuita o por un precio.
Si bien el alquiler de vientres (en lenguaje jurídico, maternidad subrogada) estaba contemplado en el borrador del proyecto del Código Civil y Comercial, no se mantuvo en el texto que entró en vigencia, ya que como se expresó en el predictamen esta figura legal presentó muchos dilemas, tanto jurídicos como éticos, al involucrar a una tercera persona en la gestación, que luego de tenerlo en su vientre nueve meses, no tiene derechos sobre el niño. La religión cristiana a través de la iglesia, también tiene mucho peso al oponerse a este modo no natural de concepción de la vida. Sigue estando el tema en Argentina como un vacío legal, ya que tampoco está prohibido expresamente.
En algunos países la maternidad subrogada es aceptada como contrato lícito, lo que sucede por ejemplo en ocho Estados de Estados Unidos (siendo los más elegidos por los argentinos, Miami y California) Ucrania y Bélgica. En Canadá se acepta si es gratuito; y en Brasil, además, debe tratarse de familiares.
En Argentina muchos padres que no pueden procrear por otro método, deciden realizar la práctica en el extranjero en los países que los permiten, pero es muy costoso. Ricardo Fort y Florencia de la V son dos famosos que usaron este contrato para lograr ser padres en Estados Unidos.
Un caso polémico que ocurrió dentro del país en 2014 fue el de una pareja porteña que contrató con una madre subrogada de la provincia de Mendoza, haciendo un contrato, que al nacer el niño motivó que los funcionarios del Hospital Español de Mendoza denunciaran a los padres genéticos, a pesar de que el abogado de ellos les presentó el contrato. La madre gestante inscribió al niño como propio y los padres genéticos terminaron imputados por tornar incierto el estado civil del menor.