Ley antiterrorista argentina
Por estos días, de los albores del año 2012, y en el mes de marzo, aniversario del golpe militar de 1976, se alzan voces para manifestar la abolición de la ley antiterrorista, que no todos saben de qué se trata.
No es una ley promulgada por la dictadura militar, sino por el gobierno democrático de la presidenta Cristina Fernández, que promulgó por decreto que lleva el número 265/11, la ley 26.734, modificatoria del Código Penal argentino, teniendo la finalidad de incrementar las penas (duplicándolas en su mínimo y máximo) cuando los delitos tuvieran por objetivo, aterrorizar a la población, o se usaran como medio para presionar a las autoridades nacionales o internacionales, estableciendo la excepción, que no constaba en el proyecto original y que se agregó tras las protestas de organizaciones de derechos humanos, de que estos hechos contrarios a la ley, fueran cometidos ejerciendo derechos humanos entre los cuales resalta los sociales (artículo 41 quinquies).
La finalidad de este párrafo adicional es que no se utilice esta ley para reprimir a quienes se manifiesten peticionando la reivindicación de derechos de clase, que muchos consideran que a pesar de este agregado, lo haría posible.
En el nuevo artículo 306 se reprime además, al que recolecte o aporte dinero destinado a financiar delitos, incluidos especialmente los del párrafo anterior, sin importar que finalmente los hechos se cometan o no.
La crítica a esta ley a pesar de la modificación expuesta a la versión primera, que eliminaría a quienes realicen reclamos sociales de su aplicación, y cuya pretensión es luchar contra el lavado de dinero y el terrorismo presionados por el GAFI (Grupo de acción financiera contra el lavado de dinero); se basa en que no es precisa, cuando habla de delitos que se cometan con el fin de “aterrorizar” a la comunidad, condición que deben reunir todos las figuras delictivas, para que el hecho pueda sin dudas encuadrar o no en la norma, pues no define un concepto tan vago e impreciso como el de terrorista.
En realidad ya en el año 2007 se había dictado la ley 26.268, derogada por la actual, que creó las figuras delictivas de la asociación ilícita con fines terroristas y la del financiamiento de las actividades de este tipo (art. 213 ter).