Ley antiterrorista chilena
El artículo 9 de la Constitución chilena dice que cualquier forma de terrorismo es atentatoria de los derechos humanos, dejando a la ley la determinación de cuales conductas serán punibles como terroristas.
La ley 18.314, es conocida en Chile como la Ley Antiterrorista, fue dictada durante la dictadura de Augusto Pinochet, en 1984, y reformada varias veces.
Según esta norma legal, son terroristas algunos delitos (como el homicidio, las lesiones, el secuestro, incendios estragos, envío de explosivos, sustracción de menores, atentados contra la salud pública y descarrilamiento, si se cometen, por mayores de 18 años, para sembrar el pánico justificado en la población; si se usan medios que sean factibles de producir daños masivos; si se hacen para imponer conductas en las autoridades públicas, o contra grupos predeterminados. También se incluyen el atentado o el apoderamiento de medios de transporte de servicios públicos, o atentar contra pasajeros o tripulantes, o contra el Jefe de Estado u otras autoridades públicas; colocar arrojar, detonar explosivos o artefactos incendiarios con efecto masivo.
Se consideran atenuantes el intentar disminuir o evitar los efectos de los actos terroristas, o dar informaciones con ese fin, o para dar con los culpables.
El financiamiento del terrorismo como delito fue incorporado en el año 2003, adecuándose al Convenio Internacional destinado a la Represión de la Financiación del Terrorismo, que la Asamblea de la ONU adoptó a fines de 1999, y Chile suscribió en mayo de 2001.
El peligro de esta ley, es extender su aplicación a quienes efectúan reclamos sociales, como ocurrió en efecto, entre otros casos, cuando se aplicó contra los comuneros mapuches que intentaban recuperar sus tierras, por lo cual muchos propugnan su derogación, para que no sea usada para criminalizar las protestas que grupos marginados, realizan para mejorar las condiciones de vida de la población.