Política educativa
La política educativa es aquella parte de la política general, entendida como las acciones gubernamentales destinadas al bien común, que tienen como objetivo especial decidir qué, cómo y cuándo se enseñará en los establecimientos educativos de un país, región o ciudad, atento a los valores, contenidos y habilidades que se quieran transmitir, de acuerdo al marco ideológico que cada sociedad considera positivo.
Así es que los autores de ideología marxista sostienen que la escuela es fundamental como aparato reproductor de lo que la sociedad desea imponer a sus ciudadanos, especialmente en el caso de los Estados capitalistas, dónde algunos son educados para ocupar puestos gerenciales, y otros para obedecer las órdenes de sus futuros patrones.
La educación es un derecho humano esencial, constitucionalmente protegido; sin embargo el modo de llevarlo a la práctica depende de las políticas educativas implementadas. En este sentido, el Estado dicta leyes, decretos, reglamentos y resoluciones destinados a normar la educación, que son instrumentos de política educativa que se basan en teorías pedagógicas, que a su vez encubren una gran carga ideológica. Por ejemplo, no es lo mismo que la educación sea gratuita en todos los niveles de la enseñanza e inclusiva como sucede en Argentina, Ecuador, Alemania, Finlandia o Venezuela; que lo sea sólo hasta los 16 años como sucede en Estados Unidos; o con universidades gratuitas públicas pero de acceso muy restringido y sólo para los estudiantes que demuestren mayor aptitud en exámenes de admisión, como sucede en Brasil. En países de ideología comunista, como Cuba, la política educativa no admite la existencia de establecimientos privados, lo que logra una mayor igualdad de oportunidades.
Con respecto a esto último, de la igualdad de oportunidades, muchos país creen que si se ofrece educación gratuita a todos sus ciudadanos ya les están dando este derecho; pero si esas escuelas públicas no aranceladas sufren carencias de todo tipo: en cuanto a lo edilicio, a la exigencia, a la falta de material didáctico; mientras las escuelas privadas ofrecen una instrucción de excelencia (hablo de instrucción y no de educación pues la mayor diferencia se observa en la transmisión de contenidos conceptuales y procedimentales, y no en cuanto a lo actitudinal) la igualdad pretendida es sólo en lo discursivo, ya que los alumnos de las escuelas gratuitas, en su mayoría, no saldrán preparados del nivel medio para continuar estudios superiores, que aunque sean gratuitos no podrán aprobar; y por lo tanto, se cumple los que autores tales como Bourdieu han vaticinado, que algunos son educados para ocupar altos puestos y otros para servirles. Para lograr una igualdad real, debería la política educativa destinar más recursos a educación, pero no sólo eso, ejercer un mayor control, establecer sistemas de tutorías para compensar diferencias en contenidos previos o habilidades, acompañar en el proceso pedagógico pero sin disminuir la exigencia, para volver a tener una escuela que enseñe y no sólo albergue a los jóvenes, que no deben estar en la calle, pero a su vez, deben aprender para que sea la escuela, como ha sido pensada una fuente de movilidad social ascendente.