Plebiscitos

En el antiguo Derecho Romano, recibían el nombre de plebiscitos, cuyo significado es decidido por (“scitum”) la plebe (plebs); las disposiciones que eran ordenadas y establecidas por la plebe, reunidos en comicios, interrogadas por el Tribuno de la Plebe; la plebe era un grupo social de inferior jerarquía, y sus decisiones que primero se limitaban a resolver problemas de su clase, luego comenzaron a tratar temas más generales. Hasta la sanción de la Ley Hortensia sólo a ellos obligaba, quedando excluidos de su aplicación, los patricios, que sólo acataban las leyes, que eran las decisiones que tomaba el pueblo romano reunido en comicios centuriados, a propuesta de un magistrado.

La citada ley Hortensia, puesta en vigor por el dictador Quintus Hortensius, del año 287 a. C. asimiló los plebiscitos a las leyes dándoles carácter obligatorio para todo el “populus” romano (patricios y plebeyos).

A partir de entonces, muchas leyes romanas importantes como por ejemplo, la ley Aquilia fueron en realidad, plebiscitos.

Las democracias indirectas surgidas uego de la Revolución Francesa concedieron el poder al pueblo, pero solo para elegir a sus representantes. El Poder Legislativo se atribuyó el derecho de sancionar las leyes.

En el siglo XX surgieron formas semi-directas de democracia con mayor participación popular, incluyéndose a los plebiscitos como intervención del pueblo en la tarea legislativa y política del gobierno.

La Constitución Nacional argentina, a partir de la reforma de 1994 incorporó los plebiscitos en la segunda parte del artículo 40, llamándolos consulta popular, que tiene el carácter de no vinculante. Significa que tanto el Presidente como el Congreso pueden convocar al pueblo para conocer su opinión sobre temas legislativos o políticos, sin que el voto sea obligatorio; como tampoco lo será para los convocantes el resultado de la votación.