Resistencia a la opresión
La opresión es una sujeción que se ejerce contra un individuo o conjunto de personas, hostigándolos, y privándolos de sus derechos naturales sin fundamento legal alguno, o respaldándose en leyes injustas e inconstitucionales.
La opresión política que conduce al pueblo a su postración a la autoridad sin defensa alguna no puede ser admitida de ningún modo, sin embargo hay que observar este derecho de resistencia a la opresión con sumo cuidado, pues puede dar fundamento a medidas de fuerzas contra las autoridades constituidas que atenten también contra la legalidad.
Expuesta la posibilidad de rebelarse contra la autoridad tiránica por Aristóteles y reproducida por iluministas como john Locke, la resistencia a la opresión fue concebida como necesaria en un mundo donde no era la democracia sino la tiranía la forma de gobierno impuesta.
Contra gobiernos tiránicos se rebelaron los pueblos americanos en su gesta emancipadora, tomando ejemplo de los revolucionarios franceses, que consagraron este derecho de resistencia a la opresión, en su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, luchando contra el poder despótico que ejercía el rey bajo el sistema político del absolutismo monárquico.
En los sistemas democráticos contemporáneos es deseable que el ejercicio de la fuerza contra las autoridades legítimas, elegidas por el voto popular, no sea necesario utilizar; máxime cuando las elecciones periódicas permiten la renovación de las autoridades, y ahí es donde el pueblo reasumiendo su soberanía puede elegir un nuevo candidato para los cargos políticos. Alegar por cualquier acto que el pueblo considere no conveniente, el derecho de resistencia a la opresión es muy peligroso, ya que al existir división de poderes puede reclamarse el control recíproco de los poderes del estado para que no se cumpla tal disposición injusta. Por ejemplo si una ley nos parece inconstitucional podemos pedir que así se la declare ante el Poder Judicial sin necesidad de recurrir a la fuerza, que debe ser el último recurso de una sociedad civilizada que debe inspirarse en el acuerdo y el diálogo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 enfatiza el derecho de resistencia a la opresión en su preámbulo, pero también afirma la necesidad de evitarla protegiendo internacionalmente la vigencia de los derechos humanos. El artículo 28 establece el derecho de toda persona a que se imponga un orden social internacional justo donde se efectivicen sus derechos y libertades.
Como dijimos el derecho de resistencia a la opresión no puede justificar la imposición de dictaduras, que bajo el pretexto de restablecer derechos se confieren a sí mismas los poderes del pueblo. La Constitución de la Nación argentina expresamente los considera delincuentes que deben ser castigados con el delito de traición, y frente a estos golpistas el pueblo por el mismo artículo, tiene derecho a resistir.