Derecho a la estabilidad del empleo
El derecho a la estabilidad del empleo, supone que aquel que ha celebrado un contrato laboral por tiempo indeterminado, tiene el derecho de continuar desempeñándolo hasta su jubilación, muerte, renuncia, o sea despedido, con causa justificada. Este es un derecho fundamental, ya que permite planificar y proyectar la vida futura, ya que, un empleo inestable, crea gran zozobra. Imaginen a una persona viviendo siempre con el temor de perder su trabajo y no tener para solventar sus necesidades básicas o que se casa y forma una familia y luego se queda sin trabajo para mantenerla. Sin embargo, en Argentina, el derecho a la estabilidad del empleo, solo rige en el sector público, ya que en los empleos privados el patrón puede prescindir de los servicios de su dependiente, sin que exista ningún motivo válido, debiendo, eso sí, abonar una indemnización, que será mayor cuanta más antigüedad posea. Este derecho a la indemnización del trabajador despedido sin justa causa, se consagró en Argentina, bajo la influencia del estado de Bienestar, con la lay 11729 de 1934, para los empleados de comercio, ya que hasta entonces, podía rescindirse el contrato unilateralmente y sin costo para el empleador. La ley 12637, consagró, en 1940 la estabilidad para los empleados bancarios del sector privado.
La reforma constitucional del 1957, incorporó el artículo 14 bis, que estableció la protección contra el despido arbitrario y la estabilidad de los empleados público, esto último ya consagrado en muchas constituciones provinciales. Esto implica que los empleados públicos, poseen una estabilidad absoluta, para evitar que un cambio de gobierno, pueda afectar a los trabajadores, que pudieran ser reemplazados por otros, afines al partido gobernante; mientras que los privados, tienen una estabilidad relativa, ya que el empleador puede elegir con quienes trabajar, y despedir a quien desee, mientras le abone su indemnización, por regir en estos casos, con mayor relevancia la autonomía de la voluntad.
La Corte Suprema de Justicia de la nación, en cuanto a los empleados públicos, en el caso planteado por Madorrán Marta contra la Administración Nacional de Aduanas, declaró nulo, en 2007, el despido de la actora, acaecido en el mes de noviembre de 1996, y ordenó que sea reincorporada. Precisó que el único modo en que pueda despedirse a un empleado público es por una causa justa, y luego de la sustanciación de un sumario administrativo.
La estabilidad relativa de los empleados privados, también es un derecho de quienes trabajan sin estar registrados (trabajo en negro) ya que si son despedidos sin causa, pueden probar la relación de empleo, y exigir la correspondiente indemnización.
