Diferencias entre empleo público y privado en Argentina
La semejanza entre un empleo público y uno privado, es que en ambos casos existe una relación de subordinación con respecto al empleador, pero en el empleo público este último es el Estado (nacional, provincial o municipal en la República Argentina) mientras que en el empleo privado el empleador es un particular (sea persona física o jurídica). Por lo tanto, el dinero del salario en el primer caso, se extrae de los fondos públicos, básicamente constituido por las cargas impositivas con las que se grava a la ciudadanía, mientras que en el segundo caso, procede del patrimonio particular del sujeto individual o colectivo contratante.
Las relaciones entre los empleados públicos y el Estado se rigen por el Derecho Administrativo, mientras que la mayoría de los trabajadores privados reglan sus vínculos por la Ley de Contrato de Trabajo (Pudiendo además, tener cada actividad específica, en ambos casos, estatutos particulares y firmar convenios colectivos).
La capacidad, la igualdad y el mérito son las que determinan el acceso a un empleo público, y la promoción, debiendo hacerse convocatorias públicas para cubrir las vacantes, mientras que en el empleo privado, nada obsta a que se seleccione para cubrir el puesto a aquel que el empleador elija a su arbitrio. El empleado público tiene también derecho al ascenso y a realizar una carrera dentro de su ámbito. Lo que sí puede hacerse es trasladar a un empleado público si eso no le significa un empleo de menor rango.
Una diferencia esencial es que los empleados públicos gozan constitucionalmente de estabilidad (artículo 14 bis de la Constitución Nacional argentina) por lo cual solo puede despedirse a un empleado público de planta permanente si cometió una falta grave o un delito, y previo sumario. No cabe el despido injustificado abonándosele indemnización como sucede en el empleo privado (en algunos casos, leyes de emergencia han establecido excepciones a esta estabilidad). El fundamento está dado por el hecho de que podría generar mucha inseguridad laboral, ya que un nuevo gobierno podría pretender despedir a los trabajadores contratados por el gobierno que lo antecedió.
En la Década de 1990 teñida de neoliberalismo, se firmaron numerosos convenios colectivos, donde se permitía el despido de empleados públicos sin causa legítima. En la Administración Nacional de Aduanas se suscribió un convenio de este tipo, que la Corte Suprema declaró nulo en el año 2007, ya que si bien admitió que los Derechos Constitucionales pueden ser reglamentados, en este caso se lo había alterado y desnaturalizado.
