Iniciativa popular
Es una forma de canalización de la democracia participativa o semi-directa. Surgió en la Argentina, con la reforma de 1994, que la incorporó en el artículo 39, que expresa la posibilidad de que los ciudadanos puedan presentar ante la Cámara de Diputados proyectos de ley que deberán ser tratados por el Congreso, dentro de los doce meses. Se impone al Congreso el deber de dictar una ley reglamentaria, con mayoría absoluta de sus integrantes, no pudiéndose exigir un número mayor de suscriptores del proyecto, que el del 3 % del padrón nacional de electores. Esa ley reglamentaria fue promulgada el 19 de diciembre de 1996, exigiéndose el 1,5 % del padrón electoral que estén distribuidos en al menos seis distritos electorales. Los proyectos de ley no pueden versar sobre derecho penal, tributario, sobre la reforma constitucional, las relaciones internacionales, y el presupuesto.
Como requisitos del proyecto se establece que debe ser escrito y firmado por los adherentes con aclaración de firma. Se presenta ante la Cámara de Diputados y luego se remite a la Justicia Nacional Electoral para la verificación de firmas. El proyecto se rechaza si se comprueba la falsedad de más del 5 % de las firmas. Los promotores del proyecto que deben estar identificados en el mismo, podrán tener participación en las sesiones parlamentarias, en que se trate la iniciativa.
La ley conocida como “El hambre más urgente” nació de un proyecto de iniciativa popular, que se convirtió en ley, y que impulsó en el año 2003 un Plan Nacional Alimentario. Se contempla en la ley la asistencia en materia alimenticia de niños menores de cinco años y de mujeres embarazadas sin recursos.
Si bien no puede presentarse iniciativa popular en materia penal, tras la muerte de Axel Blumberg, con motivo de un secuestro extorsivo, su padre, lanzó un proyecto del ley recabando las firmas necesarias para la lucha contra la inseguridad, que solo valió como petitorio, pues excedía el ámbito legal (comprendía materia penal) que tuvo gran influencia política como grupo de presión. Actualmente, el Sr. Blumberg, dado el carácter represivo de algunas de las medidas propuestas, y que se había tribuido el título de ingeniero, falsamente, se halla desacreditado, aunque sigue participando en materia de seguridad en marchas y reclamos.
En España, el artículo 87 inciso 3 de su Constitución establece también, la obligación de dictar una ley orgánica para regular la iniciativa popular. Pero deja establecido que deberá en todo caso, exigirse por lo menos 500.000 firmas acreditadas. Se excluyen de la iniciativa popular temas de la ley orgánica, impositivos, internacionales, y los referidos a la prerrogativa de gracia. El indulto es competencia del rey.
Además de Argentina y España, otros países también han incorporado la iniciativa popular en sus sistemas legales. En Suiza, por ejemplo, la iniciativa popular ha sido una parte integral de su sistema político desde 1891. Los ciudadanos suizos pueden proponer cambios a la constitución o a las leyes federales, y si reúnen suficientes firmas, la propuesta se somete a votación popular.
En los Estados Unidos, la iniciativa popular es una característica común en el nivel estatal, especialmente en los estados del oeste como California y Oregon. Los ciudadanos pueden proponer nuevas leyes o enmiendas a la constitución del estado, y si la propuesta recibe suficientes firmas, se somete a votación en la próxima elección general.
La iniciativa popular, sin embargo, no está exenta de críticas. Algunos argumentan que puede ser manipulada por grupos de interés con recursos para recolectar firmas y hacer campaña por sus propuestas. Otros señalan que puede llevar a la aprobación de leyes populistas pero mal concebidas. Sin embargo, sus defensores argumentan que es una herramienta valiosa para la democracia participativa, permitiendo a los ciudadanos tener un papel más activo en la formación de las leyes que los rigen.