Política social en Argentina
Entendiendo la política como una acción destinada al bien común, la política social tiende a borrar iniquidades en el seno de la sociedad, tratando de lograr una más justa distribución de la riqueza, y evitar la polaridad entre ricos y pobres. Esta redistribución del ingreso puede hacerse mediante aplicación de impuestos a los que más tienen, para con ese dinero, financiar planes sociales y becas asistenciales.
En Argentina, tras la dictadura militar de 1976, el flamante presidente democrático Raúl Alfonsín, implementó para contribuir con la disminución de la pobreza el PAN, Plan Alimentario Nacional, repartiendo productos de primera necesidad entre los menos favorecidos.
Carlos Menem aplicó una política neoliberal, de privatizaciones y consiguientemente aumentó el desempleo. Sin embargo, intentó aunque infructuosamente mantener una imagen pública de contemplación hacia los necesitados iniciando el Plan Trabajar, solventado a través de un préstamo del Banco Mundial, donde se les otorgaba un dinero a los jefes de hogar a cambio de trabajo comunitario.
El presidente De la Rua redujo la contribución estatal para las jubilaciones y reemplazó la prestación básica universal por otra diferenciada. Los mayores de 75 años sin ingresos y sin posibilidades de jubilarse accedieron a una ayuda de cien pesos y la obra social PAMI. Con respecto a los Planes Trabar, modificó su distribución, siendo designadas las ONGs para ejecutarlos.
El presidente interino Eduardo Duhalde que asumió en el 2002 creó el Plan Jefes y Jefas de hogar para todas las familias sin ingresos.
Durante el mandato de Néstor Kirchner (2003-2007) subieron las tasas de empleo y se reformularon los planes sociales, reduciendo al Plan Jefes y Jefas de hogar, que siguió existiendo, cobrando sus beneficiarios un monto fijo, pero se le agregaron el Plan Familias, donde se cobrará por hijo, hasta un máximo de cinco, debiendo obligarse las familias a mandar a sus hijos a la escuela y vacunarlos. También se creó el Seguro de Capacitación y Empleo, donde se incluyeron a quienes optaran por abandonar el Plan Jefes y Jefas, comprometiéndose a capacitarse y aceptar los trabajos ofrecidos por los municipios. El plan era por dos años y la suma de doscientos veinticinco pesos.
La presidenta Cristina Fernández presentó su plan de política social para el período 2009-2011 que incluyó un incremento del presupuesto destinado al Plan Alimentario Nacional y un 50 % en el adicional por hijo, que se hizo extensivo a los monotributistas sociales. Se crearon pequeñas cooperativas. Se mantuvo el Plan Jefes y Jefas de Hogar, el Plan Familias y el de Desarrollo Local y Economía Social.
Como rasgo sobresaliente de su gestión se hizo efectiva la asignación universal por hijo, y recientemente fue anunciada la asignación por embarazo.
Durante el segundo mandato de Cristina Fernández (2011-2015), se continuaron y ampliaron las políticas sociales existentes. Se implementaron programas como el Progresar, destinado a jóvenes de entre 18 y 24 años que no trabajan, trabajan informalmente o tienen un salario menor al mínimo, con el objetivo de que finalicen sus estudios primarios, secundarios, terciarios o universitarios. Además, se fortalecieron las políticas de vivienda con el programa Procrear, que facilitó el acceso a créditos hipotecarios para la construcción, compra o refacción de viviendas.
Con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia en 2015, se realizaron ajustes en las políticas sociales. Se mantuvo la Asignación Universal por Hijo, pero se introdujeron cambios en su implementación y control. Además, se lanzó el Plan Nacional de Primera Infancia, que buscaba garantizar el desarrollo integral de los niños desde su nacimiento hasta los cuatro años, a través de centros de desarrollo infantil y apoyo a las familias.
En 2019, asumió la presidencia Alberto Fernández, quien enfrentó la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias económicas y sociales. Durante su gestión, se implementaron medidas de emergencia como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), destinado a trabajadores informales y monotributistas de las categorías más bajas, y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que brindó ayuda a empresas para pagar salarios. Además, se reforzaron los programas de asistencia alimentaria y se lanzó el Plan Argentina contra el Hambre, que incluyó la tarjeta Alimentar para garantizar el acceso a alimentos básicos.
La política social en Argentina ha sido un campo de constante evolución y adaptación a las necesidades cambiantes de la población, con el objetivo de reducir la pobreza y la desigualdad, y promover una distribución más equitativa de la riqueza.