Impugnación de sentencias

La impugnación de las sentencias judiciales es el medio por el cual puede ponerse remedio al error en una decisión judicial que causa un agravio injusto a una de las partes, como garantía procesal a la buena administración de justicia. También tiende a lograr la unidad jurisprudencial, sobre todo a través de la casación.

Se basa también en la existencia de una jerarquía jurisdiccional, por la cual un órgano jerárquicamente superior, está facultado a petición de parte interesada, a reexaminar el caso planteado. En algunos casos es el mismo Juez, como en el caso del recurso de aclaratoria.

Para que proceda la impugnación es necesario que exista una sentencia, un legitimado para impugnarla, pues fue parte en el proceso en que la sentencia fue dictada, y que esa parte haya resultado vencida o su derecho no reconocido. Rige en su ejercicio la formalidad, pues deben circunscribirse las actuaciones a lo establecido en los códigos procesales, siendo imposible aplicar la analogía, o sea para situaciones diferentes a las contempladas en la norma. Si hay un error en la impugnación, esta ya no puede volver a plantarse. En general existe un solo recurso para cada caso.

El objetivo de la impugnación es la revocación del fallo impugnado.

Los recursos pueden ser ordinarios, como el caso del recurso de apelación, que permite la apertura de una nueva instancia judicial en el caso general de la existencia de agravios; o extraordinarios como la casación y la revisión, que necesitan de ciertas situaciones específicas de legalidad (cuestiones de derecho), sin cuestionar la justicia del reclamo.