Poder Judicial
Entre los poderes del Estado, que son tres, le incumbe al Poder Judicial la tarea de interpretar las leyes dictadas por el Poder Legislativo, a fin de aplicarlas a los casos concretos sometidos a su decisión, de controlar a los otros poderes, y asegurar que la Constitución Nacional tenga primacía con respecto a las demás leyes. Decide en última instancia en este sentido de declaración de inconstitucionalidad.
Es importante la independencia del Poder Judicial del resto de los poderes, ya que de lo contrario, los ciudadanos no se hallarían en real situación de garantía, pues los jueces decidirían las causas conforme a los intereses de los otros poderes, y no de la justicia.
El artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el derecho igualitario de todo ser humano de ser escuchado en forma pública y justa por un Tribunal que debe tener dos características esenciales: ser independiente e imparcial.
Sobre la importancia del rol del Poder Judicial hay discrepancia entre los políticos. Alexander Hamilton, abogado, político y escritor estadounidense (1757-1804) amigo personal y secretario de George Washington y creador del Partido Federal de los Estados Unidos, amén de redactor de la Constitución, afirmó que el más débil de los tres poderes es justamente el poder judicial: “lo único que posee es juicio, no tiene ni fuerza ni voluntad”.
En ejercicio de la Presidencia de Estados Unidos, cargo que detentó entre 1801 y 1809, Thomas Jefferson, manifestó su disconformidad con el otorgamiento a la Corte Suprema de la facultad de velar por la constitucionalidad de las leyes en última instancia, pues consideró que resultaría reconocer el máximo poder a una oligarquía, no elegida popularmente.
John Marshall al frente de la Corte Suprema de Justicia estadounidense en 1801, le otorgó al Poder Judicial la categoría de Poder independiente de los otros dos, y lo puso en igualdad de rol, determinando la importancia del control de constitucionalidad de las leyes, determinando la invalidez de las leyes contrarias a la Constitución.
En España, los jueces y tribunales aplican la ley administrando justicia en nombre de la autoridad real. La máxima jerarquía de este poder independiente lo tiene el Tribunal Supremo, radicado en Madrid.
En México el tribunal supremo es la Suprema Corte de Justicia, al igual que en Uruguay. En Venezuela es el Tribunal Supremo de Justicia.
En Argentina lo ejerce la Corte Suprema de Justicia, y demás tribunales inferiores. El número de jueces que integran la Corte se determina por ley. Durante la presidencia de Menem se elevó el numero de integrantes de cinco a nueve, por ley del año 1993. En la actualidad solo hay cuatro (la preside Ricardo Lorenzetti y lo acompañan Elena Highton de Nolasco, Ricardo Fayt y Juan Carlos Maqueda). Esta reducción está aprobada por una ley de 2006. Los miembros de la Corte Suprema son designados por el Presidente de la Nación, debiendo contar con el acuerdo de los dos tercios del Senado. El resto de los jueces son designados por el Presidente con acuerdo de la mayoría simple senatorial, en base a una terna vinculante del Consejo de la Magistratura. La designación de los jueces por el Poder Ejecutivo ha hecho muchas veces cuestionable la imparcialidad de este poder. Así durante el gobierno del presidente Carlos Menem, se habló de “Corte adicta”
No es como vemos un cargo electivo como en los otros dos poderes, ni tampoco temporario, como ocurre en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo. Los jueces mientras gocen de buena conducta (de lo contrario pueden ser sometidos a juicio político si se trata de un juez de la corte o en un proceso de destitución a cargo del Consejo de la Magistratura y del jurado de enjuiciamiento en caso de jueces de menor jerarquía) conservan su puesto. La muerte, la renuncia y la jubilación son las causas de dejar sus cargos. Además para se Jueces en cualquier instancia, se necesita ser abogado. El Presidente de la Nación nunca puede ejercer funciones de administrar justicia.