Derecho a la vivienda
La vivienda es el lugar de refugio que necesitan las personas para protegerse, resguardarse de las inclemencias del tiempo, preservar su intimidad, y en la mayoría de los casos, representa el lugar de asentamiento no solo de personas individuales sino de núcleos familiares, estructuras básicas del cuerpo social. Es una necesidad humana básica, como el alimento, el abrigo o el descano.
Diversos instrumentos internacionales reconocen el derecho a la vivienda, como el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que en su artículo 11 dice “…el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados…” , también se halla enumerado entre los Derechos del Niño (artículo 27 de la Convención) en el artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art.14).
La Recomendación 115 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la vivienda de los trabajadores y sus familias, que se desplazan dentro de la comunidad exhortó a los estados miembros a no discriminar a los trabajadores extranjeros en la adjudicación de viviendas otorgándoles las que se consideren normales en ese lugar.
Las Naciones Unidas han implementado conferencias sobre este tema, como Hábitat I, en 1976 que tuvo como sede a Vancouver (Canadá) donde se les reclamó a los estados que arbitren urgentes soluciones al problema habitacional. En 1996 se repitió la experiencia con Hábitat II, esta vez con sede en Estambul, donde se declaró a la vivienda como derecho humano fundamental reconociéndose el gran papel de las ONG (organizaciones no gubernamentales) con un gran rol en la solución del problema.
Casi todas las personas poseen vivienda, como lugar donde vivir (aunque muchos viven en la calle, en gravísima situación de riesgo) lo que dista mucho de suponer que la mayorías de la gente posea una vivienda digna. Este derecho está consagrado en la Constitución de la Nación Argentina, entre los derechos sociales incorporados en la reforma de 1957, por el artículo 14 bis, pero aún es un deseo incumplido, más que un derecho garantizado. Esta imposibilidad de contar con una vivienda propia o alquilada, va de la mano con la pobreza, que a su vez está íntimamente relacionada con la falta de trabajo o el trabajo precario. Argentina cuenta con aproximadamente 3.000.000 de viviendas que pueden considerarse indignas.
¿Qué es una vivienda no digna? Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la Argentina (INDEC) son viviendas precarias de zonas rurales, los ranchos, con techos de paja, pisos de tierra y paredes de adobe, y las casillas de chapa de las ciudades, los conventillos y los inquilinatos, donde no hay resguardo de la intimidad, y se comparten por ejemplo, los baños entre varias familias, y las viviendas móviles, como habitar en casas rodantes, o vagones de ferrocarril.
Las villas de emergencias asentadas en terrenos fiscales son un grave problema social, ya que junto a familias de trabajadores, se mezclan personas que viven al margen de la legalidad.
Para que hablemos de viviendas dignas, además de tratarse de casas de material, deben contar con las mínimas condiciones sanitarias para preservar la salud de sus moradores, como provisión de agua potable o servicio de desagüe cloacal.
Muchas personas son dueñas de la edificación pero no del terreno donde han sido construidas las viviendas, pues por el costo de los terrenos han edificado en tierras fiscales, o en lugares donde los dueños estaban ausentes, en estos casos, muchas veces las mismas viviendas son usurpadas, por estas personas sin techo.
Otro grave problema del déficit habitacional es el hacinamiento, que el INDEC considera crítico cuando más de tres personas comparten una habitación dentro de la vivienda.
En la Argentina, como en la mayoría de los países del mundo, el problema comenzó a agravarse con el desarrollo de la industrialización, que trajo como consecuencia una gran migración hacia las ciudades, donde había mayor concentración industrial y supuestamente, mayor demanda laboral. Así se comenzaron a asentar, de manera irregular, familias de obreros o de desocupados que aspiraban trabajar, en zonas cercanas a las fábricas, en deplorables condiciones.