La ley de medios
La polémica ley de medios de la República Argentina que lleva el número 26.522 y que regula los servicios de comunicación audiovisual, se promulgó durante el mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el 10 de octubre del año 2009.
Si bien se venía pidiendo un cambio a la ley que regía en Argentina a la radio y televisión, ya que era una ley de la dictadura, la nueva ley que reemplazó a la 22.285 (Ley de Radiodifusión) fue resistida sobre todo por el grupo Clarín pues esta ley tiende a destruir monopolios, aunque estos grupos que se muestran sistemáticamente opositores a la política del Frente para la Victoria, partido gobernante, sostienen que atenta contra la prensa libre e independiente, para poder desde el gobierno manipular la información. Esta campaña contra la ley ya había sido expresada contra los gobiernos democráticos anteriores logrando frustrar los proyectos modificatorios presentados. Estuvieron en contra de esta ley los siguientes partidos de la oposición: UCR, Coalición Cívica, PRO y PJ disidente.
El proyecto fue presentado en agosto de 2009 por el Poder Ejecutivo a la Cámara Baja y se aprobó luego de introducirse cien modificaciones. En el Senado se aprobó con cuarenta y cuatro votos favorables y veinticuatro contrarios.
La adecuación de los grupos monopólicos a la ley sigue siendo resistida, habiéndose decidido por el Afsca (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) ente creado por la nueva ley, la adecuación forzosa. Esto significa que será de oficio el modo en que se hará la distribución de los medios concentrados, pues la propuesta presentada por el grupo Clarín, según el Afsca no cumple con la citada desmembración puede solo hay reparto de los medios entre conocidos y socios del grupo.
Pasando a analizar el contenido de la ley que es muy extensa, ya que comprende 166 artículos distribuidos en XII títulos, de los cuales haremos una breve síntesis, podemos destacar los siguientes propósitos y cambios: Según su artículo 1 el objetivo es regular los servicios de comunicación audiovisual, fomentando la desconcentración y la competencia, todo esto con el fin de logar que las nuevas tecnologías y la información lleguen a todos en forma más barata. El artículo 2 declara que esta actividad es de interés público.
En el Título II Capítulo I trata de la creación del Afsca, como entidad que funciona dentro de la órbita del Poder Ejecutivo pero como organismo descentralizado y autárquico, compuesto por siete miembros designados por el Poder Ejecutivo que conforman un Directorio, con muchas atribuciones enumeradas en el artículo 12 (interpretar, aplicar y hacer cumplir la ley; representación ante organismos internacionales, negociar tratados; en cuanto a la adjudicación de servicios de comunicación audiovisual tiene la misión trascendente de elaborar y aprobar los pliegos de bases y condiciones para proceder a su adjudicación; velar por la sana competencia, verificar que se cumplan las condiciones de la ley y aplicar sanciones en su caso, declarando la ilegalidad si correspondiera, etcétera).
Por el artículo 15 de la ley se crea el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, con funciones de colaboración y asesoramiento. Sus miembros son honorarios y provienen de diferentes sectores de la cultura, nombrados por el poder Ejecutivo durando dos años en sus funciones pudiendo ser reelectos. Por el artículo 17 se crea un Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia. El artículo 18 crea una comisión bicameral permanente en el ámbito del Congreso nacional, para proponer candidatos, dictaminar remociones, recibir los informes del consejo consultivo y evaluarlos, etcétera.
Por el artículo 19 se crea la Defensoría del Público que toma en cuenta los reclamos de los usuarios o puede actuar de oficio, judicial o extrajudicialmente.
Distingue tres tipos de prestadores: los de gestión estatal, los de gestión privada con finalidad de lucro y los que no tienen fines de lucro. A posteriori regula las autorizaciones y licencias tratando de evitar los monopolios.