Ley de orden público

Establecer cuándo una ley es de orden público no es tarea fácil y existe una gran variedad de opiniones doctrinarias al respecto.

Todos coinciden que el orden público es una categoría superior, fundamental en un Estado, sustentada en elevados principios, pero su exacta determinación aún no es posible. La finalidad práctica de distinguirlas es que las leyes de orden público no pueden ser dejadas de lado por los contratos privados (Art. 21 C.C. argentino); los derechos otorgados por las leyes pueden renunciarse pero si solo se establecieron en interés particular (Art. 19. Cód. Cit.). Por ejemplo no pueden renunciarse el derecho a la patria potestad, o el derecho a trabajar si se tiene familia a cargo. Las leyes extranjeras no se aplican cuando se opongan al orden público (Art. 14. Cód. Cit.). Pero… ¿Qué es el orden público?

Una concepción clásica derivada de los textos romanistas y del código napoleónico decía que ley de orden público es la referida al Derecho Público. Sin embargo esta concepción ya ha sido en general desechada, ya que si bien las normas del derecho público son de orden público, hay normas de Derecho Privado que también lo son, como las referidas al Derecho de Familia.

Otros autores, entre los cuales podemos citar a Planiol, identifican el orden público con el interés general o público.

Capitant, laurent, Acollas, Salvat y Llambías, consideran que son leyes de orden público la que proclaman y defienden los valores que cada sociedad proclama como legítimos y básicos. Se basan en las ideas de justicia y moral predominantes en la mayoría social.

Mourlon se resiste a definir las leyes de orden público, las que para él deben ser intuidas y descubiertas más por el sentimiento que por la razón. Araux Castex comparte este subjetivo e impreciso criterio.

Algave y Vareilles-Sommiers estiman que una ley es o no de orden público según lo decida el legislador, cualquiera sean sus razones. Esta concepción al no proporcionar criterio alguno para identificar si la ley es o no de orden público, deja sin resolver el caso de silencio legislativo al respecto, en cuya situación el Juez deberá decidir a ciegas, según su propio criterio personal.

Borda asimila las leyes de orden público a las imperativas.

En la práctica, el concepto de orden público también se ha extendido a otras áreas del derecho, como el Derecho Penal y el Derecho Constitucional. En el ámbito penal, las normas de orden público son aquellas que protegen los bienes jurídicos fundamentales, como la vida, la integridad física y la libertad. En el ámbito constitucional, el orden público se relaciona con la protección de los derechos y garantías fundamentales establecidos en la Constitución.

Además, en el contexto internacional, el orden público juega un papel crucial en la aplicación del derecho extranjero. Los tribunales pueden negarse a aplicar una ley extranjera si consideran que contraviene los principios fundamentales del orden público del país en cuestión. Esto se conoce como la excepción de orden público. Por ejemplo, una sentencia extranjera que viole los derechos humanos básicos no sería reconocida ni ejecutada en un país que valore esos derechos como parte de su orden público.

El orden público también tiene una dimensión económica. En el Derecho Comercial, ciertas normas se consideran de orden público para garantizar la transparencia y la equidad en las transacciones comerciales. Estas normas incluyen regulaciones sobre competencia, protección al consumidor y prevención del fraude. La idea es que, sin estas regulaciones, la confianza en el mercado se vería seriamente afectada, lo que podría tener consecuencias negativas para la economía en general.

Por último, es importante destacar que el concepto de orden público no es estático; evoluciona con el tiempo y se adapta a los cambios sociales, económicos y políticos. Lo que se considera de orden público en una época puede no serlo en otra. Por ejemplo, las normas sobre igualdad de género y no discriminación, que hoy son vistas como fundamentales, no siempre fueron consideradas de orden público.

En definitiva, aunque la definición exacta de lo que constituye una ley de orden público puede ser elusiva, su importancia en el marco jurídico es indiscutible. Estas leyes protegen los valores y principios fundamentales de una sociedad, asegurando que ciertos derechos y normas no puedan ser ignorados o renunciados, independientemente de las circunstancias.