Principio de probidad
Este principio, aplicable a los funcionarios públicos les exige que sean honestos y leales al desempeñar sus funciones. Es un postulado, que se considera obvio, pero en la práctica es muy difícil de verificar su cumplimiento, viéndose a diario ejemplos de lo contrario, proliferando los funcionarios corruptos.
Si bien alude a la ética de los funcionarios y a su deber moral, incluidos en el Código de Ética, también da lugar a sanciones administrativas y penales (enriquecimiento ilícito, exacciones ilegales, peculado, malversación de caudales públicos, etcétera) en caso de incumplimiento. Exige la transparencia en la función, la publicidad de sus actos, la exclusión de los beneficios personales y la rendición de cuentas. Los funcionarios públicos no deben aprovecharse de su función para su beneficio o para el de terceros, sino ejercerla para el bien común.
El 26 de octubre de 1999 fue promulgada en Argentina la Ley de Ética de la Función Pública, número 25.188, que impone deberes, prohibiciones y también incompatibilidades a quienes desempeñen la función pública en cualquier nivel y jerarquía, de modo permanente o transitorio, ya sea por elección del pueblo, por designación directa, por concurso o de cualquier otra manera legal.
El 10 de diciembre de 1999, se creó por ley nacional, la Oficina Anticorrupción, siendo su principal figura el Fiscal de Control Administrativo, que depende del Ministerio de Justicia, que recibe denuncias tanto de particulares como de agentes públicos, realiza investigaciones preliminares para luego denunciar ante la justicia los supuestos delitos de corrupción, una vez que las sospechas se hayan medianamente confirmado tras la investigación; siendo parte querellante en aquellos delitos donde esté comprometido el patrimonio estatal. Establece un registro y seguimiento de las declaraciones juradas que deben presentar los funcionarios, para verificar que no exista enriquecimiento ilícito. Realiza campañas de prevención y asesoramiento para evitar la corrupción, que, no obstante sigue creciendo, aunque muchos funcionarios están siendo juzgados, esperando que estos ejemplos, desalienten a otros a olvidar este principio rector.
