Responsabilidad política

La responsabilidad política de los funcionarios públicos es una exigencia del control de sus funciones, que deben ajustarse a la ley, y por lo tanto rendir cuenta quienes ejercen el poder frente a otro poder. El gobierno deberá hacerlo ante el parlamento, éste ante el gobierno, y los dos ante la ciudadanía que los eligió.

En España, que es una Monarquía, como el gobierno es elegido por el Parlamento, responde ante éste. El artículo 101 inciso 1, de la Constitución española establece la posibilidad de que el gobierno cese, si pierde la confianza parlamentaria. La responsabilidad política es solidaria.

En los regímenes republicanos, los gobernantes son elegidos por el pueblo, tanto para los integrantes del Poder Legislativo como Ejecutivo. Por ello, las acciones políticas tienen un gran grado de libertad, para la toma decisiones, dejadas al criterio de su prudencia política, que incluso puede llevar a que se aparte del programa de gobierno, que hubiera presentado y por lo que se los votó, dejando al electorado la única alterativa de castigarlos en las próximas elecciones no votándolos.

En Argentina la responsabilidad política tiene dos instrumentos para ejercerse: el juicio político, que posibilita la separación del cargo antes del término de sus funciones (para miembros del Poder Ejecutivo y Corte Suprema de Justicia) a cargo del Congreso (Cámara de Diputados que acusa y de Senadores que decide) en caso de mal desempeño de las funciones o delitos. En cuanto al Poder Legislativo corresponde la remoción a las Cámaras, por mayoría de dos tercios de votos. Además pueden proceder al desafuero de alguno de sus miembros, que gozan de inmunidad parlamentaria, para que sean juzgados por delitos.

Algunos países como Estados Unidos (en 26 estados) y Venezuela, tienen previsto en sus constituciones el recall o revocatoria, que posibilita que los propios ciudadanos puedan hacer cesar al funcionario electo antes de que finalice su mandato, a través de un referéndum.