Política agraria
La política en general implica tomar decisiones por parte de quienes detentan el poder en pos del bien común; y en materia agraria consiste en elegir caminos y estrategias para influir en los actores del sector y en sus acciones para obtener progreso económico y mejoras sociales, equilibrando equidad y rendimiento.
La política consiste en un proyecto y en un plan de acción, que se orientará de acuerdo a la concepción valorativa de cuáles son los fines de la actividad agraria, lo que se traducirá en leyes que se promulgarán en una sociedad democrática, luego de su discusión parlamentaria.
Hay proyectos políticos a largo plazo que tienen que ver con los objetivos planteados y fines no cuestionables ni modificables, de cómo debe encararse la actividad en cuánto a un proyecto de vida de la comunidad expresado constitucionalmente (son ejemplos en este sentido en los países democráticos el respeto a la propiedad privada y la libertad de comercio) y otras decisiones que se van tomando a medida que van apareciendo los problemas, con el fin de corregirlos y orientar el rumbo al plan prefijado.
Los sectores de la actividad agraria también ponen su sello a las decisiones y caminos a seguir, actuando como grupos de poder. Recuérdese en tal sentido la polémica resolución 125 dictada por el Poder Ejecutivo en Argentina, sobre retenciones a la exportación de granos, que originó la resistencia del sector y terminó en un debate legislativo y su posterior derogación.
El Poder Ejecutivo como poder administrador deberá realizar el análisis, control, seguimiento y mediación.
Son medidas políticas que benefician a la producción agraria, la apertura de créditos y de los mercados, entrega de subvenciones, estabilidad de los mercados, y el diálogo entre gobernantes y el sector, entre otras.
