Política social en Argentina
Entendiendo la política como una acción destinada al bien común, la política social tiende a borrar iniquidades en el seno de la sociedad, tratando de lograr una más justa distribución de la riqueza, y evitar la polaridad entre ricos y pobres. Esta redistribución del ingreso puede hacerse mediante aplicación de impuestos a los que más tienen, para con ese dinero, financiar planes sociales y becas asistenciales.
En Argentina, tras la dictadura militar de 1976, el flamante presidente democrático Raúl Alfonsín, implementó para contribuir con la disminución de la pobreza el PAN, Plan Alimentario Nacional, repartiendo productos de primera necesidad entre los menos favorecidos.
Carlos Menem aplicó una política neoliberal, de privatizaciones y consiguientemente aumentó el desempleo. Sin embargo, intentó aunque infructuosamente mantener una imagen pública de contemplación hacia los necesitados iniciando el Plan Trabajar, solventado a través de un préstamo del Banco Mundial, donde se les otorgaba un dinero a los jefes de hogar a cambio de trabajo comunitario.
El presidente De la Rua redujo la contribución estatal para las jubilaciones y reemplazó la prestación básica universal por otra diferenciada. Los mayores de 75 años sin ingresos y sin posibilidades de jubilarse accedieron a una ayuda de cien pesos y la obra social PAMI. Con respecto a los Planes Trabar, modificó su distribución, siendo designadas las ONGs para ejecutarlos.
El presidente interino Eduardo Duhalde que asumió en el 2002 creó el Plan Jefes y Jefas de hogar para todas las familias sin ingresos.
Durante el mandato de Néstor Kirchner (2003-2007) subieron las tasas de empleo y se reformularon los planes sociales, reduciendo al Plan Jefes y Jefas de hogar, que siguió existiendo, cobrando sus beneficiarios un monto fijo, pero se le agregaron el Plan Familias, donde se cobrará por hijo, hasta un máximo de cinco, debiendo obligarse las familias a mandar a sus hijos a la escuela y vacunarlos. También se creó el Seguro de Capacitación y Empleo, donde se incluyeron a quienes optaran por abandonar el Plan Jefes y Jefas, comprometiéndose a capacitarse y aceptar los trabajos ofrecidos por los municipios. El plan era por dos años y la suma de doscientos veinticinco pesos.
La presidenta Cristina Fernández presentó su plan de política social para el período 2009-2011 que incluyó un incremento del presupuesto destinado al Plan Alimentario Nacional y un 50 % en el adicional por hijo, que se hizo extensivo a los monotributistas sociales. Se crearon pequeñas cooperativas. Se mantuvo el Plan Jefes y Jefas de Hogar, el Plan Familias y el de Desarrollo Local y Economía Social.
Como rasgo sobresaliente de su gestión se hizo efectiva la asignación universal por hijo, y recientemente fue anunciada la asignación por embarazo.
